Al Presidente de la República no le corresponde decidir sobre las leyes que se aplican en la ciudad de México, porque no somos una dependencia del gobierno federal, afirmó ayer el titular del Poder Ejecutivo local, Marcelo Ebrard Casaubon, al opinar sobre el recurso que promovió la Procuraduría General de la República en contra de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa, mediante las cuales se permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la posibilidad de que éstas adopten. Fue un grave error, porque es el abogado del Poder Ejecutivo Federal y pretende limitar derechos de personas.
Al término de la ceremonia de inauguración de un cibercentro en la delegación Venustiano Carranza, se solicitó al mandatario capitalino su opinión sobre la acción de inconstitucionalidad que presentó el miércoles pasado el titular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez, y respondió: tal pareciera que volvemos a los tiempos en el que éramos una dependencia del gobierno federal.
Aclaró que la Asamblea Legislativa, que es la representación legítima de los capitalinos, es la encargada de aprobar las leyes que rigen en el Distrito Federal. Si no, entonces para qué tenemos una Asamblea, un Congreso local, increpó el gobernante de la ciudad.
Ebrard Casaubon argumentó que si todo se va a resolver en el escritorio del Poder Ejecutivo Federal o en el del procurador, sería como aceptar que sea entonces la Procuraduría General de la República la que nos diga qué leyes se van a aplicar en el Distrito Federal.
Puntualizó que ni Chávez Chávez ni Felipe Calderón son quienes le deben permitir o no a las personas tomar decisiones sobre su vida y sus preferencias sexuales.
Posteriormente, el jefe de Gobierno explicó, por alrededor de una hora, a corresponsales extranjeros que el recurso interpuesto por la PGR ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene efecto de suspensión, es decir, que las modificaciones al Código Civil del Distrito Federal entrarán en vigor a partir del 4 de marzo, y por tanto, ocho días después podrán efectuarse matrimonios entre personas del mismo sexo en la capital del país.
Al desmenuzar algunos de los argumentos que la procuraduría esgrimió para interponer el recurso, Ebrard Casaubon concluyó que no existe fundamentación jurídica, sino una postura política. Se está respondiendo así a la presión de quienes no están de acuerdo con la ley y se está buscando que la Suprema Corte reduzca, límite o elimine derechos de personas. Ese es el tema de fondo.
Dijo que el Gobierno del Distrito Federal acudirá, junto con la Asamblea Legislativa, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender esta ley, como lo hizo con las reformas al Código Penal, mediante las cuales se permite la interrupción del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación.
La consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal, Leticia Bonifaz, acotó que la PGR hace referencia a una reforma de 1974, durante el gobierno de Luis Echeverría, de entonces a la fecha la familia ha variado en su constitución.
Señaló que hasta las 20 horas de ayer, el gobierno capitalino no había sido notificado por la SCJN del recurso presentado por la PGR; esperamos que sea el lunes y a partir de ahí armaremos nuestros argumentos, con el respaldo de 43 especialistas e instituciones.
La funcionaria informó que en 2009 fueron adoptados 180 menores, 86 hombres y 79 mujeres, de entre menos de uno y 17 años. En 86 por ciento de los casos fueron registrados por ambos padres; cinco sólo por padre y en 18 casos sólo por madre.
Obedece PGR a presión de conservadores: CDHDF
La decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo obedeció a la presión de grupos conservadores, además de que no toma en cuenta el artículo primero constitucional, el cual señala que todas las personas tenemos los mismos derechos, afirmó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.
Es una ley que amplía derechos. La PGR tendrá sus argumentos (para interponer el recurso legal) y además es una de sus facultades. Lo que conviene comentar es que el asunto se va a dirimir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con ello reforzamos que es en las instituciones del Estado laico donde se lleva a cabo el debate.
–¿Esta controversia obedece a la presión de los grupos conservadores?
–Sí, así es.
Entrevistado tras inaugurar una mesa de trabajo en torno a la prisión preventiva, González Placencia dijo: No tengo claridad sobre cuáles fueron los argumentos que la PGR esgrimió para llevar adelante la acción de inconstitucionalidad. En todo caso, lo que es relevante es que ahora ya se torna en un debate jurídico (...). En ese sentido, en opinión de la CDHDF no hay manera de que la SCJN declare inconstitucional esta ley.
El ombudsman capitalino consideró que el hecho de que la CNDH no está en el ánimo de ejercer la acción de inconstitucionalidad es muestra de que la mayoría de los organismos responsables de garantizar los derechos humanos coinciden en que las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa no son violatorias de derechos, sino por el contrario, amplían el espectro de protección de éstos.
Con respecto a la encuesta que realizó el Partido Acción Nacional sobre el tema, el presidente de la CDHDF indicó que interpretar los resultados como que la mayoría de los ciudadanos está en desacuerdo con los matrimonios entre personas del mismo sexo es una lectura equivocada, pues el mensaje es que los organismos públicos de derechos humanos tienen que asumir el reto de que la mitad de la población tiene que aprender a ser más tolerante y respetar los derechos de quienes actúan o piensan diferente.
